por Gisela García Torres
El Covid-19 es noticia desde finales de 2019, cuando el número ascendente de muertes en la ciudad de Wuhan (China), se hizo público. En cuestión de semanas el virus se extendió a más de 180 países, incluido Colombia generando pánico y caos en todas las áreas de la vida. Sobre los efectos y el impacto cronológico de la pandemia en la “Aldea Global” como se le llama hoy al mundo, se ha hablado mucho en medios de comunicación y en las redes, pero yo quiero referirme específicamente a mi tribu: la de los litigantes colombianos.
Somos un renglón de la economía que durante décadas hemos ejercido la noble profesión de abogar por y para otros, contra la corriente de la desidia gubernamental que mantiene rezagada al mínimo la inversión para erradicar la congestión y morosidad de los despachos judiciales, impidiendo así que la era digital llegue a la administración de justicia, tal y como lo contempla la ley desde hace bastantes años.
Sobrevivimos ejerciendo ante despachos congestionados por falta de implementación necesaria, en medio de los subsecuentes paros judiciales, y asumiendo -claro- las vacancias legales. Pagamos gastos de oficina, impuestos, seguridad social, empleos directos e indirectos, sosteniendo con sacrificio a nuestras familias. Hoy, cuando la emergencia sanitaria limita nuestra atención solo a proteger la salud, los litigantes vemos con frustración el desolado panorama de abandono a que nos reduce el gobierno nacional. Subsidios para estos y para otros, exenciones e incentivos por aquí y por allá, etcétera; pero ¿qué pasa con los cientos de miles de abogados que nos vimos sorprendidos con el cierre de juzgados y la suspensión indefinida de términos?, ¿qué se supone que hagamos frente a los clientes que suspenden las consultorías por efecto de la cuarentena?, ¿cuáles son las alternativas del estado, si llevamos 4 años incluyendo las demandas escaneadas en CDs, y también nuestros correos electrónicos, pero el expediente digital no existe?. ¿Cómo pagar gastos básicos, tales como la seguridad social? Solo incertidumbre frente a estas y más preocupaciones. Comparto con colegas amigos, que solo la FE puede darnos esperanza, porque el gobierno sigue brillando por su ausencia, como si fuéramos invisibles para el Estado.
Gisela García Torres
*Abogada litigante desde 1994, Especialista en Derecho Público Financiero 1999, Conciliadora en Derecho 2005, Magister en Derecho Procesal 2018, Conjuez Sala Civil Tribunal Superior de Barranquilla 2017-2020.