Por Jesús Ferro Bayona
Se dice que los jóvenes no quieren hacer estudios universitarios. Que esa es la razón de la baja de matriculados. Una encuesta reciente de opinión realizada por Empresarios por la Educación y el Centro Nacional de Nacional de Consultoría entre 3.820 jóvenes de 11 a 28 años (una muestra representativa de cerca de 10 millones de personas) contradice esa percepción. Los jóvenes dicen que quieren estudiar, que les gusta estudiar, pero no encuentran la financiación necesaria para hacerlo. El proyecto de ley estatutaria que se presentó al Congreso tiene como objetivo establecer que la educación es un derecho fundamental. Incurre en un desacierto cuando no reconoce explícitamente que el sistema de educación superior colombiano es mixto, es decir, de instituciones públicas y privadas. La financiación se restringe a las universidades estatales. Aunque tampoco se muestra el impacto fiscal que la gratuidad de la educación pública va a costarle al Estado. Se aduce que la ley no implica un gasto adicional. Que se sepa, los rectores de universidades públicas llevan años quejándose de que sus instituciones están desfinanciadas. Algunos se han atrevido a afirmar en voz alta que el faltante es tan grande que no han tenido cómo pagar la nómina de profesores de este semestre. ¿Cómo será entonces con las nuevas circunstancias que la ley estatutaria va a crear? En el proyecto de ley, a las universidades privadas no se les reconoce explícitamente con ese nombre. ¿Acaso no están matriculados en las privadas un millón 200 mil estudiantes? Son cerca del 50% del total de la población estudiantil universitaria. Necesitan financiar las matrículas que sus familias pagan con muchos sacrificios por lo que requieren de créditos bancarios y de organismos estatales. Pese a los créditos que otorga el Icetex a los estudiantes de las privadas, para este año se llegó a un acuerdo inédito: las privadas deberán pagar los intereses causados por los préstamos que ese organismo da a los estudiantes.
Es una carga financiera para las instituciones privadas que se suma a las que ya afrontan muchas de ellas que han tenido que hacer recortes de profesores, puntal de la calidad educativa. ¿Se fortalecerá el Icetex con más recursos económicos? ¿Aguantarán las universidades privadas los aprietos financieros por los que atraviesan? Está bien que el proyecto de ley estatutaria apunte a establecer prioritariamente que la educación es un derecho fundamental. Pero que sea un derecho a una educación con calidad. Y también a la libertad de elegir dónde estudiar con calidad, asegurando el apoyo financiero a esa libertad.